Impresiona la apatía con la que el público, en general,
aborda el caso de la acusación, detención, encarcelamiento y liberación de
Narciso Agúndez. Cuando se acusa a un funcionario de gobierno de expoliar el
tesoro público, se le acusa de quedarse con nuestros impuestos, esos que
aportamos con remoloneo y dolor de bolsillo, que bien harían falta para otros
menesteres. Se le acusó de robarse el patrimonio sudcaliforniano por 50
millones de pesos, luego de 7 meses en la cárcel, dizque no fue así y
finalmente salió por 30 mil pesos de fianza. Negocio redondo.
Si el juez actuó –como dicen los engolados- con “apegado a
derecho”, esto significa que Agúndez y su escudero Porras son inocentes y si
son inocentes, ¿de dónde vino la decisión de mandarlos a la cárcel? Y si
Agúndez –como parece por la resolución del juez- es inocente ¿por qué el
exgobernador no ha aclarado a la opinión pública su situación?
Uno imagina que alcanzar el cargo político más alto que se
pueda en un Estado; llegar –gracias al voto ciudadano- a la más elevada
magistratura estatal conlleva cierto –o mucho- orgullo, que, además, se ha de
presumir que el poder se ha ejercido con honestidad –al menos- que se han
alcanzado metas, resuelto problemas y se ha actuado de la mejor manera posible.
Es posible que Narciso Agúndez crea que ha sido un buen gobernador y que el
juicio de la historia le será favorable, sin embargo, en lo que va de historia,
el solo hecho de ser detenido en medio del escándalo mediático nacional, verlo
tras las rejas, vestir uniforme de reo y ser exhibido como símbolo de un gobierno depredador que saqueó
a los sudcalifornianos, como un triunfo
de los honestos sobre los corruptos, a cualquiera debería de avergonzar e
intentar explicar, al pueblo que gobernó, las circunstancias de su detención y
proceso penal.
También imagina que un exgobernador –cualquiera- no desea
trascender como un pillo que libró la cárcel solo por el poder residual y sus
relaciones en los ámbitos políticos, por eso extraña que una persona –como el
ex - que tiene una pésima imagen ante la opinión pública, no esté hoy mismo en
cuanta red social, cámara, micrófono, periódico o –al menos- en la tribuna
libre de los mentideros enfrascado en la rectificación y aclaración de los
hechos delictivos que se le imputan.
Uno esperaría que, una vez pagado los treinta mil pesos -¿de
qué?- el exgobernador Narciso Agúndez nos aclarara –a los ciudadanos- de dónde
y cómo se gestó la conspiración para que fuera a dar al bote con todo y Porras;
si hubo equívocos, si hubo dolo -¿de quién? ¿porqué?- en todo el proceso. El
mismo se catalogó como preso político, grave en un país donde presumimos a
nadie se le castiga por mantener una forma de pensar.
Podría ser la vieja
historia en la que un grupo político contrario le tendió una trampa en la que
cayó por gandalla; que no la pudo librar porque, efectivamente, se robó los
tales terrenos; que una vez en la cárcel maniobró como pudo –con sus aun
frescas buenas relaciones federales- hasta conseguir colocar los elementos
legales para que un juez –amigacho- le abriera la puerta de la ratonera. El
negocio es redondo: cincuenta y tantos millones de pesos pagados con 7 meses de
cárcel algo de escarnio, un poco de
burla pública, otro poco de venganza aderezada con justicia divina. Como dice
el populacho”todo estaba arreglado”
Sale Agúndez del bote y se queda callado ante la confusión
que parece más artificial que producto de los laberínticos procesos judiciales
-reclasificación del delito, dijeron- que aunque complejos, siempre
explicables.
Hace unos días reapareció ante los medios, en un acto
público donde dejó entrever que aspiraba a repetir en la alcaldía de Los Cabos.
Algo insólito, más parecido a una provocación que a una genuina aspiración de
quien a la vista de sus exgobernados no ha sido más que un pillo; un truhan que
no siente la necesidad –ni la obligación- de exponer ante la opinión pública
los sucesos que lo llevó a la cárcel o porque no tiene argumentos ni
explicaciones o porque, la mentada opinión pública le tiene sin cuidado.
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