Cuenta esa tradición, que un joven militante político
priista del sector campesino, acudió a las oficinas del presidente del PRI
acompañado de una serie de seguidores y folios con más de dos mil firmas para
demostrar el apoyo de su comunidad para presentarse como candidato –seguro ganador
en esos tiempos- a diputado de su distrito. La conversación fue muy corta, pues
el presidente estatal del PRI, una vez que echó un vistazo a las hojas
atiborradas de firmas y miró de reojo a los fans, ipso facto le hizo una lógica
–priista- observación: -no necesito
tantas firmas para hacerte candidato- dijo el presidente de manera pausada
ante el atolondrado aspirante - solo
necesito, una- . Como el novel político no entendiera el profundo sentido
de la frase, repitió –solo necesito una
firma- esta vez acompañado de un
ademán que apuntaba hacia arriba –hacia el cielo … hacia el palacio de gobierno- así, el novato
cayó en la cuenta: necesitaba la firma del gobernador, del “jefe nato”. Tenía,
pues, que ser “palomeado” en las
alturas.
Eran las grandes mayorías las que dominaban el congreso. De
vez en cuando se les colaba un panista o un miembro escandaloso de un efímero
partido local que les daba guerra pero que apaciguaban –como en todo el país-
con un certero “mayoriteo” o un “cañonazo” –de dinero- que acababa con la
rebelión. Los priistas eran muchos y se notaba, pero al final del siglo, el
sistema se agotaba y se daba el primer derrumbe: en 1994, Mercado Romero por poco
pierde las elecciones, fenómeno que llevó más diputados de la oposición que los
habituales al congreso. Sucedió, entonces, el caso más escandaloso, sin duda, del
Congreso de BCS.
Jaime Tuchman, postulado por el PAN, renunció a su
candidatura, 17 días antes de las elecciones, aun así, Tuchman ganó y el
congreso –que en ese tiempo era de 15 diputados- quedó configurado con 7 del
PAN y 7 del PRI, el desempate era Tuchman, el cual se declaraba independiente,
aunque era obvio que apoyaba al PRI y que los panistas se negaban a que tomara
posesión, así empezó una crisis que se extendió por varios meses. Al final se
resolvería que la elección de ese distrito quedara sin efecto para llamar a
nuevos comicios en los que ganó –ahora si- el PRI, que conservó apretadamente
su mayoría. Jaime Tuchman obtuvo como premio, una oficina de adquisiciones del
gobierno del estado con sede en San Diego, donde dicen, se despachó con la
cuchara grande a expensas de los impuestos de los sudcalifornianos.
A partir de ese affaire, la Cámara de diputados de BCS ya no
fue la misma y empezó a reflejar la pluralidad y también la pobreza del
parlamentario priista. Se empezaba a montar un escenario donde el diputado
debería tener tablas y no el favor del gobernador en turno. El colapso priista
sucede al siguiente sexenio. El 99 gana Leonel Cota por el PRD, los priistas quedaron
en minoría y fueron tratados por los perredistas –la mayoría expriistas- con el
látigo del “mayoriteo” como fue costumbre desde la primera legislatura. Carros
completos, mayorías contundentes ligó el PRD, hasta la próxima legislatura
pasada de triste memoria cuyo nivel académico y moral estuvo más bajo que de
costumbre. Esa mayoría perredista de la XII legislatura, en esta ocasión,
representó muy bien la debacle que sucedería ese partido, aunque el resto de
diputados, también bailaron al ritmo del patrimonialismo ramplón y la
desvergüenza.
Con la llegada al poder de Covarrubias V. un político sin
partido, el congreso tiene una configuración jamás ensayada: un tándem de
diputados panistas (7) que con el partido de los Carballo -PRS- (2) hacen
convenientes alianzas pero no tienen mayoría; por otro lado, el PRI (6) que
presenta su sangre nueva, muchos de ellos, júniors que repiten hasta el atuendo
y el engolamiento vocal de sus padres; el PRD (4), unos náufragos sin
lealtades; Convergencia (1) y Nueva Alianza
(1) completan el cuadro de un verdadero merequetengue que ha hecho crisis en
estos últimos días.
XIII Legislatura.
Con una combinación de jóvenes inexpertos y otros viejos (as) lobos (as) de mar, la XIII
legislatura mantuvieron, en los primeros meses de su gestión, una serie de
tensas discusiones que, al final y cada vez de manera más trabajosa, surgía el
acuerdo, aunque los rencores se acumulaban. Como siempre, el dinero y sus
cosas, precipitó la crisis.
Por un lado, la alcaldesa de La Paz decidió que para hacer
una buena gestión, requería de endeudar el ayuntamiento, otro tanto hizo el
alcalde de Los Cabos; uno del PRI, otro del PRD; uno por 462 millones y el
otro, por 498 millones. Las deudas acumuladas en alrededor de treinta años de
existencia de estos municipios era de 115 millones para La Paz y de 180 para
Los Cabos. Es decir, el endeudamiento pretendido, cuadriplica las viejas deudas
municipales. Así las cosas, los seis diputados del PRI, los cuatro del PRD
junto con los dos de Convergencia y Panal hicieron una clara mayoría de doce
contra los 9 del PAN y PRS, que trataban de autorizar el endeudamiento a toda
costa.
Los presidentes municipales de Los Cabos y La Paz,
presentaron a los diputados verdaderos espantajos como solicitud de los millonarios
créditos, a decir de los expertos que revisaron dichos documentos, requerían de
modificaciones, análisis, discusiones, rectificaciones, pero sobre todo de requisitos básicos que cualquier mortal que demanda
un empréstito a la banca, tendría que aclarar antes de acometer una deuda
doméstica. Tales documentos casi no aclaraban nada, lo único relevante era la
cantidad del crédito. Los diputados del tándem PRI, PRD y demás solo deseaban
aprobar sin mayor trámite. Se podría afirmar que si fueran deudas particulares,
ningún diputado firmaría ante el banco las condiciones en las que los alcaldes
solicitaban el dinero. Quedar bien con el alcalde era su más alta misión.
Lo que siguió fue bochornoso, la asamblea fue suspendida,
aunque los deseosos de aprobar las deudas hicieron su propia asamblea que
sentenció un notario, mientras, los panistas y carballistas buscaban elementos
legales para frenar las autorizaciones al vapor. En eso están, el asunto está
entrampado y las soluciones se empiezan a buscar de otra manera. El gobernador
ha tenido que intervenir para buscar acuerdos entre los municipio y entre los
diputados que continúan, por lo pronto, en la discusión si la asamblea de
marras fue o no legal.
Gobernador. Pero
el gobernador tiene mucho que hacer. Le han surgido una serie de broncas que
nunca imaginó. Aquel problema de los múltiples rectores de la UABCS que la XII
legislatura trató de legislar en un fast track y que la XIII trató de arreglar
derogando tales cláusulas, lo único que hicieron fue retorcer más el ya de por
si retorcido brete universitario. Sin solucionar los asuntos legales
pendientes, este nuevo gobierno influyó para que se hicieran nuevas elecciones
y así sucedió. Al cabo de casi un año, la demanda impuesta por el profesor
Carlos Villavicencio prosperó ante un tribunal federal y en breve, tendrá que
ser repuesto en la rectoría. Según los expertos, no se puede desestimar el
veredicto de tal juez, de tal instancia.
El asunto que parecía destrabado, una intervención prodigiosa
del gobernador en su debut, podría estar en peligro de producir un problema
mayúsculo.
Aprehensión de
funcionarios. Una repetida demanda social que el gobernador prometió –reiteradamente-
atender, ha sido la de llamar a cuentas a los culpables de las trapacerías de la
administración de Narciso Agúndez. Como no lo hiciera con la celeridad exigida,
se empezaron a acumular las sentencias ciudadanas que hablan del descrédito del
nuevo gobierno. Algo grave en un año electoral, en el que se requiere exhibir
un lustre gubernamental que lleve votos a las urnas panistas.
La idea de pactos de Narciso Agúndez con Covarrubias se ha
extendido por el estado; es la misma que lleva a pensar en que el gobierno
encabezado por Covarrubias es “más de lo mismo” porque, además de esta
inactividad contra presuntos desvíos, enriquecimientos y fraudes, se mantiene
en el gabinete, a colaboradores del primer círculo de la administración Agúndez
Montaño, actitud que refuerza la idea de la liga indefectible entre el
gobernador con el exgobernador.
Estas son algunas de las causas que podrían explicar la
reciente movilización policiaca de la Procuraduría del Estado, en la que se
aprehendió a Jáuregui, Ibarra y Luis Armando Díaz, funcionarios de primer nivel
en la administración anterior, con acusaciones, por las que mas tardarían en
hacer el papeleo y maniobras para meterlos a la cárcel que en estar fuera en
completa libertad. Un movimiento que parece más dirigido a la tribuna que hacia
el esclarecimiento de asuntos legales, a las investigaciones serias, sólidas,
contra los corruptos.
Si tal actitud del gobierno de Covarrubias contra
funcionarios de la administración de Narciso Agúndez es una señal, un aviso, una
demostración de músculo o algo más esotérico, difícil saberlo. En los cálculos
de los asesores gubernamentales, la fulgurante acción de meter a la cárcel por
la noche y sacarlos por la mañana, debió figurar la opinión pública para quien
estas acciones solo constituyen golpes consentidos que solo alimentan la
suspicacia de una sociedad ya curada de espantos.
Si algo quería demostrar el gobierno, demostró falta de
capacidad para elaborar un caso sólido, porque es sabido que suele permanecer
más tiempo en la cárcel alguien acusado de jambarse un objeto en un súper que
quienes traficaron, desviaron y se solazaron con millones de pesos del erario. Después
ya escucharemos las consabidas declaraciones: “hasta las últimas
consecuencias”, “caiga quien caiga” y demás frases de colección que el
ciudadano bien mosqueado ya conoce.
Final. No es un
buen final de año. Quizás la novatez, las circunstancias, la preparación, las
malas compañías o los compromisos asumidos desde la excitación de las campañas,
han hecho que nuestros diputados y nuestro gobernador arranquen las últimas
hojas del calendario con más dudas que certezas, con más asuntos trabados que
enderezados, con más problemas que soluciones.
Un año de aprendizaje que, esperemos no se extienda mucho
más, es una administración de cuatro años y medo y ya solo les queda tres.
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