(Comentario que pasa los miércoles en el noticiero nocturno de Megacable)
La aprehensión, encarcelamiento y puesta en libertad de una
serie de funcionarios de la administración pasada: Luis Armando Díaz, Guillermo
Jáuregui y Héctor Ibarra, además de la proscripción para ocupar cargos públicos
y multas millonarias para Narciso Agúndez, Alfredo Porras y Juan Garibaldo
Romero, mantiene la expectación del sudcaliforniano que no entiende muy bien de
que se trata todo este asunto, al menos, que se trate exclusivamente de la aplicación del largo
brazo de la ley.
Nadie se puede llamar a ingenuidad, mucho menos en los
círculos gubernamentales, porque las acciones judiciales contra los políticos
generan reacciones políticas, la experiencia nos dice que generalmente tienen motivaciones políticas, que rara vez son puras razones judiciales las que provocan que los políticos rindan
cuentas.El ciudadano común y corriente da por sentado que las razones judiciales son incuestionables, que los exgobernantes y secuaces, por su afán patrimonialista, siempre se les encuentran maniobras torcidas susceptibles, al menos, de investigación judicial y que lo raro, es que los exfuncionarios visten las barandillas mucho menos, las celdas destinadas a otro tipo de delincuentes.
Las conjeturas, por lo tanto, son del orden político y si esto es así, es claro que hay una ruptura entre la clase política que ha ocupado los cargos más importantes en los últimos veinte años en BCS. Por otra parte, la aprehensión, encarcelamiento y libertad de los exfuncionarios mencionados, todo en menos de veinticuatro horas, parece reflejar un interés por exhibir músculo que por presentar sólidos casos jurídicos, mientras que la contraloría, con su intervención, obliga a otros ex funcionarios a abandonar sus pretensiones electorales como se había pronosticado.
Lo dicho, aunque solo fuera el estricto apego a derecho y se repita el “caiga quien caiga” y se concluya con “hasta las últimas consecuencias”, según la repetitiva jerga política usual en estos casos, son innegables las consecuencias políticas que se derivan de este hecho, entre ellas, un entorno más favorable para los candidatos del partido en el gobierno de BCS en las próximas elecciones.
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