miércoles, 21 de diciembre de 2011

DEUDAS Y PISTA DE HIELO

(COMENTARIO QUE SALE LOS MIERCOLES EN EL NOTICIERO DEL CANAL 9 DE MEGACABLE)
La semana pasada comentábamos en este espacio, las prisas de los diputados coaligados en el PRI, PRD y otros con el fin de autorizar, casi al vapor, cuantiosos préstamos bancarios, tanto del Ayuntamiento de La Paz como de Los Cabos, que endeudarían dichos municipio por cerca de treinta años. De tales acciones se desprende que hay una ingente necesidad de aliviar las deterioradas finanzas municipales, por tal razón, la austeridad tendría que ser una conducta permanente de los ediles que dirigen tales ayuntamientos.

Contrasta este razonamiento, con la instalación de una pista de hielo para patinar que el Ayuntamiento de La Paz mandado construir en sus inmediaciones. El objetivo parece ser el entretenimiento, el esparcimiento de los paceños en estos días de asueto que se avecinan. Ignoro la tecnología que se emplea, igualmente ignoro las cantidades que el municipio extraerá de las arcas públicas para pagar este extravagante pasatiempo, pero la lógica indica que los gastos de energía para mantener la consistencia de una plancha de hielo del tamaño de una alberca olímpica, en un clima como el nuestro, no debe ser cosa fácil, por lo tanto nada barata.

Muy lejos estoy de querer parecer un aguafiestas, pero sucede que los políticos –nuestros funcionarios- son muy dados a hacer con las finanzas públicas lo que no harían con las finanzas personales. Incongruente sería el caso de quien pide prestado de manera urgente  mientras gasta en diversión, en asuntos suntuarios que bien se podrían obviar. Contra esta incompatibilidad a todas luces, dijo la presidente municipal paceña el día de la inauguración –la pista de hielo genera unión y genera bienestar- pero como no es aguafiestas, no dijo cuánto cuesta, cuánto los paceños pagaremos por los treinta días de hielo tropical.

Desde la antigua Roma los gobernantes saben que el circo siempre es necesario, aunque el cuestionamiento actual bien podría ser, si el estado, el gobierno, tiene la obligación de entretenernos, de procurarnos el esparcimiento y los afanes del ocio; la otra interrogante que se abre es el del otro circo, el que armaron los diputados para autorizar préstamos que quizás incluían, en sus planes, estas exóticas pistas de hielo.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

POLITICA Y JUSTICIA

El tremendo caso de los exfuncionarios  de la administración pasada  indiciados por la administración panista actual


(Comentario que pasa los miércoles en el noticiero nocturno de Megacable)
La aprehensión, encarcelamiento y puesta en libertad de una serie de funcionarios de la administración pasada: Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui y Héctor Ibarra, además de la proscripción para ocupar cargos públicos y multas millonarias para Narciso Agúndez, Alfredo Porras y Juan Garibaldo Romero, mantiene la expectación del sudcaliforniano que no entiende muy bien de que se trata todo este asunto, al menos, que se trate  exclusivamente de la aplicación del largo brazo de la ley.
Nadie se puede llamar a ingenuidad, mucho menos en los círculos gubernamentales, porque las acciones judiciales contra los políticos generan reacciones políticas, la experiencia nos dice que generalmente tienen  motivaciones políticas,  que rara vez son puras razones judiciales  las que provocan que los políticos rindan cuentas.

El ciudadano común y corriente da por sentado que las razones judiciales son incuestionables, que los exgobernantes y secuaces, por su afán patrimonialista, siempre se les encuentran maniobras torcidas susceptibles, al menos, de investigación judicial y que lo raro, es que los exfuncionarios visten las barandillas mucho menos, las celdas destinadas a otro tipo de delincuentes.

Las conjeturas, por lo tanto, son del orden político y si esto es así, es claro que hay una ruptura entre la clase política que ha ocupado los cargos más importantes en los últimos veinte años en BCS. Por otra parte, la aprehensión, encarcelamiento y libertad de los exfuncionarios mencionados, todo en menos de veinticuatro horas, parece reflejar un interés por exhibir músculo que por presentar sólidos casos jurídicos,  mientras que la contraloría, con su intervención,  obliga a otros ex funcionarios a abandonar sus pretensiones  electorales como se había pronosticado.

Lo dicho, aunque solo fuera el estricto apego a derecho y se repita el “caiga quien caiga” y se concluya con “hasta las últimas consecuencias”, según la repetitiva jerga política usual en estos casos,  son innegables las consecuencias políticas que se derivan de este hecho, entre ellas, un entorno más favorable para los candidatos del partido en el gobierno de BCS en las próximas elecciones.

lunes, 5 de diciembre de 2011

EL CONGRESO, EL GOBIERNO ESTATAL, EL 2011

Introducción. Desde la conversión de territorio a estado, el congreso local ha tenido una ya larga historia de encuentros y desencuentros –como no se podía esperar otra cosa en democracia- sin embargo, los primeros años del estado de baja California Sur, cuando el PRI fungía como partido de estado, los diputados sudcalifornianos, igual que en todo el país, se limitaban a levantar la mano, en señal de seguimiento de la “línea” –que marcaba el gobernador o el presidente- “jefe nato del partido”, a los que los diputados priistas que, obviamente, dominaban el congreso, ofrecían “apoyos irrestrictos”, acompañados, a veces, por “acarreados” provenientes de los “sectores”. Entrecomillados de la jerga priista, la única manera de explicar la tradición.

Cuenta esa tradición, que un joven militante político priista del sector campesino, acudió a las oficinas del presidente del PRI acompañado de una serie de seguidores y folios con más de dos mil firmas para demostrar el apoyo de su comunidad para presentarse como candidato –seguro ganador en esos tiempos- a diputado de su distrito. La conversación fue muy corta, pues el presidente estatal del PRI, una vez que echó un vistazo a las hojas atiborradas de firmas y miró de reojo a los fans, ipso facto le hizo una lógica –priista- observación: -no necesito tantas firmas para hacerte candidato- dijo el presidente de manera pausada ante el atolondrado aspirante - solo necesito, una- . Como el novel político no entendiera el profundo sentido de la frase, repitió –solo necesito una firma-  esta vez acompañado de un ademán que apuntaba hacia arriba –hacia el cielo …  hacia el palacio de gobierno- así, el novato cayó en la cuenta: necesitaba la firma del gobernador, del “jefe nato”. Tenía, pues,  que ser “palomeado” en las alturas.
Eran las grandes mayorías las que dominaban el congreso. De vez en cuando se les colaba un panista o un miembro escandaloso de un efímero partido local que les daba guerra pero que apaciguaban –como en todo el país- con un certero “mayoriteo” o un “cañonazo” –de dinero- que acababa con la rebelión. Los priistas eran muchos y se notaba, pero al final del siglo, el sistema se agotaba y se daba el primer derrumbe: en 1994, Mercado Romero por poco pierde las elecciones, fenómeno que llevó más diputados de la oposición que los habituales al congreso. Sucedió, entonces,  el caso más escandaloso, sin duda, del Congreso de BCS.

Jaime Tuchman, postulado por el PAN, renunció a su candidatura, 17 días antes de las elecciones, aun así, Tuchman ganó y el congreso –que en ese tiempo era de 15 diputados- quedó configurado con 7 del PAN y 7 del PRI, el desempate era Tuchman, el cual se declaraba independiente, aunque era obvio que apoyaba al PRI y que los panistas se negaban a que tomara posesión, así empezó una crisis que se extendió por varios meses. Al final se resolvería que la elección de ese distrito quedara sin efecto para llamar a nuevos comicios en los que ganó –ahora si- el PRI, que conservó apretadamente su mayoría. Jaime Tuchman obtuvo como premio, una oficina de adquisiciones del gobierno del estado con sede en San Diego, donde dicen, se despachó con la cuchara grande a expensas de los impuestos de los sudcalifornianos.

A partir de ese affaire, la Cámara de diputados de BCS ya no fue la misma y empezó a reflejar la pluralidad y también la pobreza del parlamentario priista. Se empezaba a montar un escenario donde el diputado debería tener tablas y no el favor del gobernador en turno. El colapso priista sucede al siguiente sexenio. El 99 gana Leonel Cota por el PRD, los priistas quedaron en minoría y fueron tratados por los perredistas –la mayoría expriistas- con el látigo del “mayoriteo” como fue costumbre desde la primera legislatura. Carros completos, mayorías contundentes ligó el PRD, hasta la próxima legislatura pasada de triste memoria cuyo nivel académico y moral estuvo más bajo que de costumbre. Esa mayoría perredista de la XII legislatura, en esta ocasión, representó muy bien la debacle que sucedería ese partido, aunque el resto de diputados, también bailaron al ritmo del patrimonialismo ramplón y la desvergüenza.
Con la llegada al poder de Covarrubias V. un político sin partido, el congreso tiene una configuración jamás ensayada: un tándem de diputados panistas (7) que con el partido de los Carballo -PRS- (2) hacen convenientes alianzas pero no tienen mayoría; por otro lado, el PRI (6) que presenta su sangre nueva, muchos de ellos, júniors que repiten hasta el atuendo y el engolamiento vocal de sus padres; el PRD (4), unos náufragos sin lealtades;  Convergencia (1) y Nueva Alianza (1) completan el cuadro de un verdadero merequetengue que ha hecho crisis en estos últimos días.

XIII Legislatura. Con una combinación de jóvenes inexpertos y otros  viejos (as) lobos (as) de mar, la XIII legislatura mantuvieron, en los primeros meses de su gestión, una serie de tensas discusiones que, al final y cada vez de manera más trabajosa, surgía el acuerdo, aunque los rencores se acumulaban. Como siempre, el dinero y sus cosas, precipitó la crisis.
Por un lado, la alcaldesa de La Paz decidió que para hacer una buena gestión, requería de endeudar el ayuntamiento, otro tanto hizo el alcalde de Los Cabos; uno del PRI, otro del PRD; uno por 462 millones y el otro, por 498 millones. Las deudas acumuladas en alrededor de treinta años de existencia de estos municipios era de 115 millones para La Paz y de 180 para Los Cabos. Es decir, el endeudamiento pretendido, cuadriplica las viejas deudas municipales. Así las cosas, los seis diputados del PRI, los cuatro del PRD junto con los dos de Convergencia y Panal hicieron una clara mayoría de doce contra los 9 del PAN y PRS, que trataban de autorizar el endeudamiento a toda costa.

Los presidentes municipales de Los Cabos y La Paz, presentaron a los diputados verdaderos espantajos como solicitud de los millonarios créditos, a decir de los expertos que revisaron dichos documentos, requerían de modificaciones, análisis, discusiones, rectificaciones, pero sobre todo de  requisitos básicos que cualquier mortal que demanda un empréstito a la banca, tendría que aclarar antes de acometer una deuda doméstica. Tales documentos casi no aclaraban nada, lo único relevante era la cantidad del crédito. Los diputados del tándem PRI, PRD y demás solo deseaban aprobar sin mayor trámite. Se podría afirmar que si fueran deudas particulares, ningún diputado firmaría ante el banco las condiciones en las que los alcaldes solicitaban el dinero. Quedar bien con el alcalde era su más alta misión.

Lo que siguió fue bochornoso, la asamblea fue suspendida, aunque los deseosos de aprobar las deudas hicieron su propia asamblea que sentenció un notario, mientras, los panistas y carballistas buscaban elementos legales para frenar las autorizaciones al vapor. En eso están, el asunto está entrampado y las soluciones se empiezan a buscar de otra manera. El gobernador ha tenido que intervenir para buscar acuerdos entre los municipio y entre los diputados que continúan, por lo pronto, en la discusión si la asamblea de marras fue o no legal.

Gobernador. Pero el gobernador tiene mucho que hacer. Le han surgido una serie de broncas que nunca imaginó. Aquel problema de los múltiples rectores de la UABCS que la XII legislatura trató de legislar en un fast track y que la XIII trató de arreglar derogando tales cláusulas, lo único que hicieron fue retorcer más el ya de por si retorcido brete universitario. Sin solucionar los asuntos legales pendientes, este nuevo gobierno influyó para que se hicieran nuevas elecciones y así sucedió. Al cabo de casi un año, la demanda impuesta por el profesor Carlos Villavicencio prosperó ante un tribunal federal y en breve, tendrá que ser repuesto en la rectoría. Según los expertos, no se puede desestimar el veredicto de tal juez, de tal instancia.

El asunto que parecía destrabado, una intervención prodigiosa del gobernador en su debut, podría estar en peligro de producir un problema mayúsculo.

Aprehensión de funcionarios. Una repetida demanda social que el gobernador prometió –reiteradamente- atender, ha sido la de llamar a cuentas a los culpables de las trapacerías de la administración de Narciso Agúndez. Como no lo hiciera con la celeridad exigida, se empezaron a acumular las sentencias ciudadanas que hablan del descrédito del nuevo gobierno. Algo grave en un año electoral, en el que se requiere exhibir un lustre gubernamental que lleve votos a las urnas panistas.

La idea de pactos de Narciso Agúndez con Covarrubias se ha extendido por el estado; es la misma que lleva a pensar en que el gobierno encabezado por Covarrubias es “más de lo mismo” porque, además de esta inactividad contra presuntos desvíos, enriquecimientos y fraudes, se mantiene en el gabinete, a colaboradores del primer círculo de la administración Agúndez Montaño, actitud que refuerza la idea de la liga indefectible entre el gobernador con el exgobernador.

Estas son algunas de las causas que podrían explicar la reciente movilización policiaca de la Procuraduría del Estado, en la que se aprehendió a Jáuregui, Ibarra y Luis Armando Díaz, funcionarios de primer nivel en la administración anterior, con acusaciones, por las que mas tardarían en hacer el papeleo y maniobras para meterlos a la cárcel que en estar fuera en completa libertad. Un movimiento que parece más dirigido a la tribuna que hacia el esclarecimiento de asuntos legales, a las investigaciones serias, sólidas, contra los corruptos.

Si tal actitud del gobierno de Covarrubias contra funcionarios de la administración de Narciso Agúndez es una señal, un aviso, una demostración de músculo o algo más esotérico, difícil saberlo. En los cálculos de los asesores gubernamentales, la fulgurante acción de meter a la cárcel por la noche y sacarlos por la mañana, debió figurar la opinión pública para quien estas acciones solo constituyen golpes consentidos que solo alimentan la suspicacia de una sociedad ya curada de espantos.

Si algo quería demostrar el gobierno, demostró falta de capacidad para elaborar un caso sólido, porque es sabido que suele permanecer más tiempo en la cárcel alguien acusado de jambarse un objeto en un súper que quienes traficaron, desviaron y se solazaron con millones de pesos del erario. Después ya escucharemos las consabidas declaraciones: “hasta las últimas consecuencias”, “caiga quien caiga” y demás frases de colección que el ciudadano bien mosqueado ya conoce.

Final. No es un buen final de año. Quizás la novatez, las circunstancias, la preparación, las malas compañías o los compromisos asumidos desde la excitación de las campañas, han hecho que nuestros diputados y nuestro gobernador arranquen las últimas hojas del calendario con más dudas que certezas, con más asuntos trabados que enderezados, con más problemas que soluciones.

Un año de aprendizaje que, esperemos no se extienda mucho más, es una administración de cuatro años y medo y ya solo les queda tres.